El Gobierno y el PSOE modificarán la norma sobre la asistencia jurídica gratuita tras las protestas del sector
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española en un encuentro producido este miércoles que la asistencia jurídica gratuita (abogados de oficio) seguirá sin estar sujeta al IVA.
En la reunión, a la que han asistido la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca y su secretario general, Ramón Jáudenes, el ministro ha comunicado que el Gobierno presentará una Proposición de Ley, consensuada con el PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Esta norma servirá como «reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia», según ha informado el Ministerio en un comunicado.
En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. El salario del abogado en cuestión se equipara a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado.
En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a dudas interpretativas sobre sus efectos fiscales, especialmente después de una sentencia del TJUE que reclamaba el 21% del IVA. En dicha sentencia, el Tribunal Europeo exigía este impuesto porque entendía que este servicio es voluntario y sujeto a remuneración.
La Dirección General de Tributos respondió con una resolución en la que consideraba sujeta a IVA esta actividad. Sin embargo, tras las amenazas de huelga del sector jurídico, Hacienda cambió de criterio y comunicó que las Administraciones se harían cargo de este impuesto.
Finalmente, con esta modificación, el Gobierno especifica la naturaleza del servicio jurídico gratuito para evitar el pago del IVA reclamado por Bruselas. Esta norma tendrá efecto desde el 1 de enero de este año y para aclarar cualquier duda interpretativa, el Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para que el IVA no se haga efectivo durante el periodo transitorio hasta la aprobación de la misma.
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